Crisis en la obra social de Fuerzas Armadas: ocupación y un traspaso polémico

La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas escaló este jueves con la ocupación de su sede central por parte de trabajadores de ATE y la salida de Ariel Guzmán, el coronel mayor retirado que tenía a su cargo la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). Los dos episodios terminaron de exponer un traspaso que todavía no logró cerrar su frente financiero, con prestaciones afectadas y una deuda que supera los $200.000 M.

Detrás del conflicto laboral quedó el problema de caja que atraviesa toda la transición. La nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa) ya recibe los aportes de sus afiliados, mientras el viejo Iosfa permanece en liquidación, arrastra el pasivo acumulado y todavía sostiene parte de la operatoria prestacional. Ese desacople entre los recursos que migraron y las obligaciones que quedaron atrás es uno de los principales obstáculos para terminar de separar ambas estructuras.

El esquema que desembocó en este escenario nació en febrero, cuando el Gobierno dispuso la disolución del Iosfa y dividió su universo de afiliados entre dos nuevos entes. Osfa quedó bajo la órbita del Ministerio de Defensa, mientras que la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg) pasó al Ministerio de Seguridad Nacional. El decreto estableció un período de transición de hasta 365 días para ordenar el traspaso de afiliados, personal, bienes, recursos y obligaciones.

La transición, sin embargo, se alejó del cronograma previsto. Antes de dejar el cargo, Guzmán advirtió en una nota interna del 21 de septiembre que Osfa había pedido mantener la atención de sus beneficiarios a través de la red prestacional del Iosfa más allá del 30 de septiembre, fecha que la administración había tomado como límite para concentrarse exclusivamente en las tareas de liquidación.

El agujero que quedó en el medio

La extensión de esa operatoria agravó el problema financiero. Mientras los aportes de los militares comenzaron a ingresar a la nueva obra social, el instituto residual siguió recibiendo facturas, auditando prestaciones y cargando gastos para mantener funcionando una estructura que debía cerrar. El pasivo que enfrentaba la liquidación alcanzaba los $213.902 M al último estado de situación conocido a julio. De ese monto, $139.057 M estaban vinculados a obligaciones de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, cerca de dos tercios del total.

Ese segundo bloque de afiliados ya había tomado otro camino. Desde junio, los beneficiarios de las fuerzas de seguridad pasaron a Osffeseg, que contrató a Medicus S.A. como prestador integral de la cobertura. Los aportes dejaron de derivarse al Iosfa y comenzaron a canalizarse hacia la nueva entidad, aunque durante la transición quedaron tratamientos complejos y casos judicializados todavía bajo responsabilidad del viejo instituto.

Guzmán había sido nombrado en febrero por Carlos Presti para conducir durante 365 días la disolución. Su salida se produjo después de una reunión con el ministro y dejó pendiente el frente más delicado del proceso: cómo cerrar un organismo que perdió buena parte de su flujo habitual de ingresos pero todavía tiene deudas anteriores, salarios, costos fijos, reclamos judiciales y prestaciones que siguen generando obligaciones. Su designación original contemplaba precisamente la ejecución de esa transición.

Del otro lado, Osfa ya avanzó con su propia estructura financiera y administrativa. El Gobierno publicó el 14 de septiembre su régimen administrativo, patrimonial, contable y de control, que entró en vigencia al día siguiente, y fijó en 8% la contribución patronal calculada sobre los haberes del personal militar y civil alcanzado. Es decir, la nueva caja ya tiene reglas propias para funcionar, mientras el pasivo heredado permanece concentrado en el organismo que se intenta liquidar. El DNU que inició la reforma dejó en manos del Poder Ejecutivo la definición del mecanismo para cancelar esas obligaciones.

Hoteles, farmacias y puestos en juego

El reordenamiento también alcanzó al patrimonio. La normativa estableció que los inmuebles aportados originalmente al Iosfa deben volver a las jurisdicciones de origen, lo que abrió otro capítulo sobre hoteles, centros recreativos y dependencias que durante años estuvieron bajo administración de la obra social. En paralelo, ATE denunció que unos 600 puestos de trabajo están en riesgo y vinculó la reestructuración con 13 hoteles, dos recreos y el futuro de las farmacias propias.

Con Guzmán afuera, el próximo administrador recibirá una transición todavía atravesada por tres frentes. Tendrá que ordenar los $213.902 M de pasivo, separar definitivamente las prestaciones entre las nuevas obras sociales y evitar que el Iosfa siga incorporando compromisos mientras se acerca a su cierre. El problema de fondo ya no pasa sólo por quién conduce la liquidación, sino por cómo se termina de dividir una estructura sanitaria, patrimonial y financiera que durante más de una década funcionó bajo una misma caja.