Carta de empresarios: los reclamos que le hicieron llegar a Milei y Massa

En una carta enviada a Sergio Massa y Javier Milei, el Foro de Convergencia Empresarial que preside Miguel Blanco señaló la necesidad de garantizar “la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la inversión privada en todas las actividades económicas”.

“El rol esencial e indelegable del empresario es el de crear valor, organizando ideas, trabajo y capital, de una manera eficiente. Riqueza que se traduce en puestos de trabajo, en actividad económica y progreso para las comunidades en las que operamos, en rentabilidad para los propietarios de las empresas que ponen su capital a riesgo y en impuestos para que el Estado pueda asegurar la educación, la salud y la seguridad e invertir en infraestructura”, indicaron.

“Las empresas que producen en Argentina son motor del  desarrollo sostenible de nuestro país –económico, ambiental y social-, una gran fuente de creación de empleo genuino y, como señalamos anteriormente, contribuyen a financiar al Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, para la provisión de los servicios públicos”, afirmaron.

“Como todos, los empresarios a veces acertamos y otras nos equivocamos. A veces ganamos y nuestras empresas crecen, y otras perdemos y nuestras empresas se achican, o hasta quiebran. Pero hemos aprendido que, para que tengamos la posibilidad –nunca la seguridad- de que nuestras empresas funcionen, y generen progreso y beneficios a la sociedad, es imprescindible que existan ciertas condiciones, ciertos principios y reglas sin los cuales todo esfuerzo termina siendo inútil”.

Al respecto, destacaron que “el respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio son objetivos genuinos y válidos del empresario y constituyen parte fundamental del  engranaje que permite el funcionamiento pleno de este motor del desarrollo sostenible en su aspecto tanto ambiental como social y económico”.

Además, “para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de la sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes para conseguir los consensos imprescindibles sobre los que se construye un proyecto común”.

Por este motivo, consideraron “imprescindible para  el desarrollo sostenible del país consensuar las políticas de Estado, para luego compartir dichas propuestas con distintos actores de la sociedad y con todos los partidos políticos”.

“Las propuestas de políticas de Estado  en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país”, indicaron.

En el aspecto institucional pidieron:

-El fortalecimiento del régimen republicano representativo  federal.

-La plena vigencia de las garantías, derechos y libertades constitucionales. Respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas.

-La división de poderes y la  independencia de jueces y fiscales.

-La libertad de prensa y el libre acceso a la información pública.

-Dotar de independencia funcional a los entes reguladores y a los organismos de control de modo de contribuir a una mayor transparencia así como a la erradicación de la corrupción pública y privada.

-El consenso entre las fuerzas políticas nacionales y provinciales para una nueva ley de coparticipación federal dando cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional del año 1994.

-El establecimiento de mecanismos efectivos de participación ciudadana previos a la sanción de leyes y normas relevantes.

En la dimensión económica las bases propuestas incluyen:

-Tener una baja tasa de inflación similar a la de la gran mayoría de los países de la región y del mundo mediante medidas macroeconómicas que ataquen el problema de manera integral.

-La previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la inversión privada en todas las actividades económicas.

-Garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas.

-Fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía.

-Un marco regulatorio que aliente inversiones de empresas privadas en infraestructura de energía, transporte y comunicaciones.

-Reforma tributaria y fiscal a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales, y coadyuve a la formalización de la economía sobre la base de equidad y progresividad. Promoción de las Pymes y las economías regionales con políticas diferenciadas.

-Integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales y la participación en bloques regionales.

-Remoción de los factores que desalientan las inversiones así como el abastecimiento fluido de nuestra producción.

-Eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones.

En el plano social propusieron:

-Mejorar fuertemente la calidad educativa, según estándares internacionales, y garantizar una sólida formación cívica, condiciones indispensables para la inserción plena de los educandos en nuestro país y en la sociedad del conocimiento

-Promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva,

-Erradicación de  la pobreza y la exclusión promoviendo el  primer empleo formal y el arraigo de los jóvenes en el interior, incentivando la generación de empleo formal en la actividad privada y la reducción del empleo informal y definiendo una política nacional de vivienda, provisión de agua potable y construcción de cloacas.

-En cuanto a la salud, una reforma integral del Sistema de Salud que articule jurisdicciones y sectores del sistema, fortalezca la red pública de atención, priorice la atención primaria y garantice la sustentabilidad de atención de las enfermedades crónicas.

-El desarrollo de una política criminal integral para combatir la inseguridad y el narcotráfico.

Las entidades que participan del Foro son: Aapresid; ABA; ACDE; AEA; Amcham; Argencon; ADE; Bolsa de Comercio; Camarco; Caem; Cambras; CCACH; CCI; Cecra; Ccifa; Cemci; CET; Cicomra; Cira; Coninagro; CRA; Crea; CSA; FAA, Fundación Mediterránea; IDEA; SRA; UDES Y UIA. Además, adhirieron el Colegio de Abogados porteño; la Comisión de justicia y paz; el CPCE; la Fundación Libertad y el Ieral.