Más de 11.500 afiliados al PAMI podrían quedarse sin cobertura médica si la obra social de los jubilados y pensionados no salda una deuda que supera el millón de pesos con el Instituto Médico Regional de San Lorenzo (IMR), el único sanatorio privado con el que cuenta la ciudad. Este atraso en los pagos significa un rojo importante para las cuentas del IMR ya que dejan de ingresar cerca de $90.000 por mes.
El nosocomio comunicó a Pami que en 90 días a partir del 1º junio se terminará la prestación del servicio si la situación no se regulariza, es decir que a partir de septiembre los jubilados se quedarían sin atención médica y en los pasillos del efector se habla de reducción de personal.
Según autoridades del IMR la deuda se arrastra desde hace varios años, e inclusive existe una anterior que supera los 8 millones de pesos y que nunca fue saldada.
Este nuevo déficit, se genera a partir de las prestaciones que se realiza desde el nosocomio y que incluye consultorios, terapia intensiva, cirugías e internaciones, y ortopedia, por las que el Pami abona mensualmente un monto de $100 por cualquier tipo de servicio. Hace ocho meses que la obra social de los jubilados retiene un 5% de ese dinero con lo cual son unos $90.000 por mes que dejan de ingresar, sin que los motivos de esta decisión fueran informados al IMR.
El Instituto médico reclamó mediante abogados en diciembre frente a la justicia federal para que se detengan estos descuentos en tanto y en cuanto no se informen las razones. Se envió en un primer momento una carta documento, que no fue respondida por el Pami.
Por otra parte, según los libros contables del sanatorio privado se detectó que además de esa deuda se les había realizado una quita por afiliados que no eran de la región, sino provenientes de Rosario y que el 58% de los pacientes eran de la localidad de Crespo, Santa Fe, que se atendieron en un nosocomio cuya sigla es IMER, y que habría llevado a la confusión por la similitud del nombre.
La institución médica cuenta con 90 profesionales de la salud, que entre salarios, gastos administrativos y servicios asciende a un costo laboral de $ 800.000 mensuales y en el sector ya hay preocupación por rumores que señalan que habría reducción de personal a partir de septiembre si no se revierte la situación.
Desde el nosocomio señalaron que no cerrarán las puertas y descartaron estar pensando en una convocatoria de acreedores, ya que esperan poder sentarse a negociar.
Por otra parte, desde el Pami, la interventora Iris Caparrós señaló: “Recibimos un telegrama en donde se manifiesta el cese de su contrato con Pami, pero desde ese momento se estipulan 3 meses de atención mientras se siguen las conversaciones, porque el IMR dice que hay una deuda y el Pami dice que no es así”, contó Caparrós a FM Poriajhú.
La interventora aclaró además que los abuelos no se quedarán sin cobertura médica y que podrían ser derivados a Rosario o a otros consultorios y que viajará a San Lorenzo para negociar personalmente.
“Nos basamos en una resolución que es la nº 284, donde el Instituto Médico aparte de la cápita, los prestadores deben transmitir la información. El Pami sabe todos los pacientes que se atienden y aparte de la cápita se cobra un sistema de incentivo por fuera. El Instituto ha hecho derivaciones por las denuncias de los afiliados o por no atención a los mismos, y estas derivaciones el Pami lo debita por no prestar el servicio. Hoy se controla de otra forma y por eso está esta disyuntiva entre el prestador y el Pami”, señaló Caparrós.
Si bien la interventora manifestó la posibilidad de que los pacientes sean trasladados a Rosario, se plantean interrogantes sobre la movilidad y la logística, si se tiene en cuenta la falta de ambulancias que existen en la región, y la ausencia de salas de terapia.
