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Agro

Auditora en la mira

Caso Vicentin: el Nación prueba suerte en la Justicia Penal de Rosario

Juan Chiummiento

Hace más de un año inició una querella ante una fiscal de Santa Fe que no le trajo buenos resultados.

Cansado de esperar a la Justicia de la capital santafesina, el Banco Nación decidió presentar una nueva denuncia penal por el caso Vicentin, pero esta vez ante los tribunales de Rosario. Lo hizo este jueves, a través de un pedido de investigación a KPMG, que auditaba los balances de la agroexportadora y a la que acusa de presunta “connivencia”.

La entidad financiera es uno de los principales acreedores de la compañía santafesina en convocatoria de acreedores. En octubre de 2020 había solicitado una querella contra sus directivos por los delitos de estafa y balance falso, que se radicaron ante la fiscal Sandra Giménez. Hasta hoy, dicha causa no tuvo avances significativos, por lo que ahora decidieron probar suerte en otros tribunales.

¿Por qué Rosario? Básicamente porque aquí la investigación contra los directivos de Vicentin (también por el delito de estafa, pero iniciada por otros bancos y acreedores comerciales) registra algunos avances, incluso con una audiencia imputativa a los integrantes del directorio prevista para la próxima semana.

La denuncia reactivada apunta a la auditora externa KPMG por presunta “connivencia” con directivos de la agroexportadora y funcionarios del Banco Nación. “La presentación de BNA se sustenta en que se utilizaron ´técnicas que suponen la No aparición de importantes pasivos´, con lo cual no reflejaron los verdaderos estados contables de la empresa”, se indicó oficialmente desde el órgano que conduce Eduardo Hecker, desde donde se agregó que como KPMG participaba de la elaboración del balance, “corresponde extender la investigación hacia ellos y deslindar las responsabilidades penales que le pudieran corresponder”.

Así, el Nación intenta replicar los mismos argumentos que el fiscal Miguel Moreno mostrará para imputar al directorio de la agroexportadora, esto es, que no mostraba en sus balances la deuda comercial generada por los contratos “a fijar”, aunque sí exponía los granos comprados dentro de su activo.

Según planteó el banco estatal, la denuncia se presentó “ante la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y quedó en manos del Dr. César Luis Pierantoni, Prosecretario de la Fiscalía Regional 2da”, pero según información que obtuvo este medio, ya quedó en manos de Morneo.

El pool de bancos estatales reúne una acreencia superior a los u$s 500 M de dólares en el concurso. En particular, con el Nación la cifra orilla los u$s 300 M, siendo uno de los principales damnificados por el default anunciado a finales de 2019. El banco había iniciado en su momento otro pedido de investigación contra ex directivos por los créditos otorgados a la agroexportadora, el cual se tramita en los tribunales de Comodoro Py.

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