Por Redacción
El planteo de concejales de Ciudad Futura no prosperó y la obra adjudicada por más de $13.735 M sigue adelante.
La construcción del parque acuático de Rosario sumó una definición judicial que despeja uno de los obstáculos que enfrentaba el proyecto. La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró inadmisible la demanda presentada por concejales de Ciudad Futura, encabezados por Juan Monteverde, que buscaban frenar la iniciativa prevista en la Costanera Norte, en la zona de La Florida.
Con este fallo, el municipio mantiene su objetivo de poner en funcionamiento el complejo antes de fin de año. La apertura está prevista para los días previos a las fiestas, en el marco de la transformación del sector costero que impulsa la gestión de Pablo Javkin.
Qué resolvió la Justicia sobre el parque acuático
La presentación judicial cuestionaba el procedimiento administrativo utilizado para avanzar con la obra y reclamaba la nulidad del decreto municipal 715/2026, que habilitó el llamado a licitación. Entre los argumentos planteados figuraban la falta de intervención del Concejo Municipal, objeciones vinculadas al presupuesto y posibles incompatibilidades con las normas urbanísticas.
La Cámara resolvió declarar inadmisible el amparo promovido por Monteverde y los concejales Antonio Salinas, Julián Ferrero y Agustina Gareis. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Puccinelli y Cifré, mientras que el camarista Galfré votó en disidencia.
El eje del fallo estuvo puesto en la legitimación de los concejales para llevar el planteo a la Justicia. La mayoría consideró que no alcanza con sostener que el Ejecutivo invadió atribuciones del Concejo, sino que es necesario acreditar una afectación que habilite a los demandantes a promover la acción judicial.
Una obra que busca llegar al verano
El proyecto forma parte de la renovación de la Costanera Norte y contempla intervenciones en el sector de La Florida. La Municipalidad adjudicó los trabajos a una unión transitoria de empresas integrada por Obring y De Paoli & Trosce, con una inversión de más de $13.735 M.
La iniciativa atravesó distintas instancias judiciales desde su lanzamiento, con presentaciones que cuestionaron su legalidad y buscaron detener su ejecución. En paralelo, el municipio avanzó con las obras y obtuvo la factibilidad ambiental provincial para el emprendimiento.
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