El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo, Héctor Cavallero y la edila Viviana Foresi analizaron con funcionarios municipales el proyecto de ordenanza que genera el Certificado de Primera Ocupación.
Dicho certificado, que modifica el Código Tributario Municipal y la Ordenanza de Contabilidad es la documentación que la intendencia -de aprobarse la propuesta legislativa- deberá emitir siempre que verifiquen los extremos necesarios que permitan la habitabilidad del inmueble por el cual se lo solicita; más allá de tener, o no, otorgado el final de obra. La certificación será necesaria para poder habitar el inmueble.
Cavallero viene trabajando la temática legislativa apuntada desde noviembre de 2011, en primer término con el ex concejal Alfredo Luis Curi y luego con la edila María Fernanda Gigliani.
El referente del Partido del Progreso Social en el Concejo dejó claro que “de lograr los votos necesarios, “un ciudadano rosarino, para ir a vivir a un edificio recién construido deberá obtener el certificado. De esta manera, logra las autorizaciones de la Empresa Provincial de la Energía; de la distribuidora de gas y de la empresa constructora que le vendió la vivienda, quienes deberán certificar -cada una en el ámbito de su jurisdicción- la habitabilidad de la propiedad, así como de los espacios comunes, a la persona que va a ocupar en carácter de propietario o inquilino”.
“Si esto hubiera funcionado oportunamente, se hubiera evitado la muerte de una persona de 21 años en un departamento sobre la costa norte de Rosario, porque no hubiera podido estar habitando en las condiciones lamentables en que se produjo el accidente”, aclaró Cavallero.
“El Ejecutivo entendió nuestra propuesta- argumentó el edil del PPS- , ya que actualmente se dan hasta tres años para dar el final de obra y en ese lapso se estafa a la municipalidad, ya que se le sigue pagando abonando a la misma la TGI de acuerdo al baldío que se utilizó para levantar el edificio, el cual tiene distinto valor al real del edificio, con lo que se configura una estafa al Estado municipal y representa una inequidad, ya que cualquier vecino de la ciudad paga la TGI y esta zonas de alta gama no hacen lo propio. Para colmo los adquirentes o inquilinos habitan las viviendas sin estar las mismas en condiciones”, refirió Cavallero.
“Con la certificación de primera ocupación -subrayó el concejal, quien ocupe la finca se asegura la constatación de que las unidades habitacionales tengan conectados el sistema eléctrico y que el el sistema de gas ha sido inspeccionado mediante controles muy rigurosos”.
“Las autoridades municipales comprendieron finalmente el vacío legal existente y se comprometieron a accionar para que el constructor, cuando termine la edificación, lo haga en condiciones de seguridad para los que van a habitar la misma”, puntualizó Cavallero, quien también hizo hincapié en que “se actualicen las multas por el no cumplimiento, en los plazos establecidos, del final de obra, ya que actualmente se abonan 96 pesos por la infracción, lo que irrisorio para un departamento con un costo promedio de medio millón de dolares”.
“Si se aprueba la certificación, solucionamos un gran problema para los ciudadanos rosarinos, que urgidos por diversos problema, ocupan viviendas en estado irregular”, refirió Cavallero, quien concluyó: “en quince días está prevista -según lo acordado con el secretario de Planeamiento- una nueva reunión, en la que se presentará al Concejo una contrapropuesta a nuestro proyecto”.
