Aparece socio capitalista para activar loteos que necesitan financiamiento

En zonas sub-urbanas no es poca la cantidad de tierra que en la actualidad no se puede urbanizar porque los dueños no tienen los fondos como para poner los papeles en regla (herencias, sucesiones, embargados, impuestos atrasados) y, sobre todo, encarar las obras y los trámites que se exigen para desarrollarlas. Ahora, la Secretaría de Hábitat de Santa Fe diseño un sistema de gestión en la que el gobierno se asocia al dueño del terreno para urbanizar los lotes. El titular del área, Gustavo Leone, recibió a punto biz para explicar en detalle la iniciativa.

En principio, el terreno a ofrecer debe ser mayor a una hectárea (de los cuáles se pueden sacar entre 20 y 30 lotes, según la ordenanza de cada municipio), de uso urbano (por ejemplo grandes baldíos como hay en zona sur y sudoeste de Rosario), suburbano o rural, libre de intrusos, servidumbre, litigios o cualquier cosa que pueda entorpecer su transferencia dominial, no inundable y libre de cavas.

¿Cómo es la asociación? La Junta Catastral de Tasaciones de Santa Fe le pone el valor máximo a pagar a la provincia por el terreno (no es una negociación) y si el privado acepta la tasación oficial, se analizan luego todas las obras (y costos) para darle factibilidad al desarrollo - como EPE, Aguas, Hidráulica (pero no con Litoral Gas que no está extendiendo la red), viales, alumbrado público, etc.- y cuáles son los trámites que cumplir ante los municipios para las habilitaciones. Si el privado y el gobierno se ponen de acuerdo en cuánto es el costo de todo eso, la Provincia pone el dinero, hace los trámites antes las dependencias oficiales y empresas de servicio, y se queda con una cantidad de lotes equivalentes al costo que afrontó. 

De esa forma, el gobierno gana terrenos para desarrollar su plan Mi Tierra, Mi Casa, que está destinado a sectores medios, y –por su parte- el dueño del terreno se queda con una cantidad de lotes urbanizados listos para venderlos a quien quiera y como quiera; esto es el gobierno no tiene injerencia en lo que haga el privado con la comercialización de sus lotes y se disuelve la relación.

“No es compra, ni expropiación. Es asociación. Y el punto más difícil es la tasación del terreno, sobre todo porque nosotros no podemos negociar. Tenemos un precio máximo y punto. Pero hay que resaltar que las que hace Catastro no son teóricas sino en base a los precios de mercado”, dice Leone. Para tener una idea, el año pasado Hábitat calculó un precio de $250 el m2 (incorporado suelo e infraestructura) en los loteos que hizo en Ibarlucea.

Finalmente, Hábitat también ofrece otra alternativa, pero no es la que más le convence. Sería que todos los lotes urbanizados vayan a plan Mi Tierra, Mi Casa, y una vez asignado cada lote el pago del anticipo y las primeras cuotas los cobra el privado (hasta completar el pago del terreno que vendió) y el resto de las cuotas van a pagar las infraestructuras. Pero flanco débil acá es el “riesgo de garantías” ya que la provincia no sale de garantía si el beneficiario no paga las cuotas. “Es cierto que cada lote tiene un titular y un suplente, y si no paga el titular se pasa al suplente, pero la primera forma le da más tranquilidad al dueño de la tierra porque sabe a ciencia cierta cuántos lotes tiene y los comercializa cuando quiere”, completó el secretario de Hábitat.