Quieren que sea pública la información sobre tierras fiscales de la provincia

Luego de denunciar “la falta de respuesta del gobierno provincial a los pedidos de informes sobre la disponibilidad de tierras fiscales para planes de viviendas o para el desarrollo de la agricultura familiar”, el diputado provincial Eduardo Toniolli, Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, anunció la presentación de un proyecto de Ley declarando de interés público la información parcelaria de los bienes inmuebles urbanos y rurales propiedad del Estado provincial, y de los estados municipales y comunales, y disponiendo su publicación en una plataforma digital “de libre acceso de la ciudadanía” por medio de la web.

En ese marco, el legislador peronista señaló que “las normativas nacionales y provinciales que regularon históricamente el funcionamiento de los catastros, señalaban ya la finalidad pública de la información parcelaria, y la función social primordial que para el Estado debían tener los sistemas de registros catastrales", agregó que "la producción de información parcelaria estaba destinada prioritariamente a ser insumo de las políticas públicas de acceso a la vivienda, y de equiparación de las oportunidades de hábitat y arraigo de los sectores populares". "Sin embargo", acotó Toniolli, "las reformas neoliberales de la década de los ’90, expresadas en nuestra provincia en la Ley 10.921, le terminaron dando un uso sesgado a esa información orientándola casi exclusivamente a la valuación con fines de mercado de compra-venta de inmuebles e  impositivas”.

Toniolli planteó que “la demanda de acceso al suelo, ya sea en el ámbito urbano para planes de vivienda como el Procrear, o en el rural, por los conflictos entre campesinos pobres y empresarios agrarios debido a la desigualdad de nuestra estructura fundiaria, han generado en los últimos años una creciente presión social por acceder a información sobre tierras públicas”, agregó que “la Legislatura provincial no ha sido ajena a esta problemática”, y detalló una serie de denuncias y pedidos de informes de su autoría con respuesta nula o insuficiente por parte del Ejecutivo: “en el año 2012 denunciamos la cesión sin cargo de 700 hectáreas en Vera a un poderoso empresario rural de otra región, nos respondieron vaguedades un año después y nunca le retiraron el permiso de uso, tal como lo habían prometido a los pequeños productores sin tierra de la zona; a principios de este año el cuerpo aprobó por unanimidad un pedido de informes solicitando el detalle de todas las tierras fiscales disponibles, fundamentalmente para poder legislar en materia de vivienda, y nunca fue respondido; y finalmente, hace dos meses impugnamos la pretensión del Ejecutivo de donar 10 hectáreas en Baigorria a la Bolsa de Comercio de Rosario, terrenos que el Anses tenía en vista para el desarrollo del programa Procrear, y nunca respondieron, ni a la denuncia pública ni al pedido de informes”.

“La información que hoy se brinda a través del sitio web oficial de la Provincia, regulada por Resolución 047 de 2010 de acceso ‘público’ a datos georeferenciados, requiere que se tengan previamente datos técnicos de las parcelas que conforman un inmueble a consultarse en particular, se le exige al consultante que declare un ‘interés legítimo’ - lo que lo hace de por si restrictivo -, y además se fija un costo pecuniario para ese acceso”, afirmó.