Gran estafa: el más mediático de los imputados puso $200.000 y lo liberaron

Leandro “Lelo” Pérez pagó una fianza de $200.000 y quedó en libertad a instancias de una decisión de la jueza penal de primera instancia Patricia Bilotta. Se trata del quinto de los imputados que logra "zafar" de la cárcel y esperar el proceso judicial desde su casa.

Lelo Pérez está señalado en la investigación como elemento clave que hacía de nexo en las presuntas maniobras de lavado de activos a partir de la transacción ilegal de un campo en Villa Amelia. Hace poco más de un mes se le había concedido la prisión preventiva con modalidad domiciliaria, pero ahora la jueza hizo lugar al pedido de los abogados defensores. Según describe el portal RosarioPlus, tanto Carlos Varela como Adrián Martínez se mostraron conformes con la resolución que benefició a su cliente aunque aclararon que "buscarán su absolución". 

Pérez, vinculado a la firma Reina Automotores y conocido por haber tenido un affaire con la vedette Vicky Xipolitakis, es señalado por los fiscales de Delitos Económicos de ser el engranaje para que el segmento superior de la red, los empresarios, lavaran dinero y hasta captaran fondos del narcotráfico.

El mencionado portal afirma que, a cambio de su libertad, deberá presentarse una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial, pagar una fianza de 200 mil pesos en efectivo que se le suman a la caución de 800 mil pesos ya depositados, y además se le prohibe salir al exterior.  

Se trata del quinto imputado que obtiene el beneficio. Antes se le concedió al escribano Juan Bautista Aliau, acusado de falsedad ideológica de documentos (crear un documento falso), debido a su delicado estado de salud. El agente bursátil Jorge Oneto también logró estar libre desde principios de año.

Por su parte, el escribano Luis María Kurtzemann junto al gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, fueron los primeros en obtener la condición de libertad. En cambio a Marcelo Jaef, el eslabón clave en los traspasos del campo en cuestión y otras propiedades, se le denegó el pedido de prisión domiciliaria.

En junio se realizará la audiencia preliminar, que servirá para encaminar el juicio oral y donde se definirá parte del destino de los acusados. Hace pocos meses, los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Económicos pidieron la elevación de la causa a juicio oral y público, y penas de hasta 14 años de prisión efectiva, inhabilitaciones y multas millonarias.