Cómo dos abogados llegaron a quedarse con 6.9 hectáreas de Puerto Rosario

Terminal Puerto Rosario (TPR) avanza con un plan para recuperar 6.9 hectáreas en el corazón del predio portuario cuyos derechos de uso tienen dos reconocidos abogados del fuero local. El interrogante es cómo llegaron los abogados Leandro Salvatierra y Sergio De Dossi a tener ese predio. Un informe elaborado por fuentes conocidas por punto biz con acceso a información histórica y presente del directorio del Enapro devela una sorprendente trama con muchos puntos muy oscuros, como fue, en rigor, toda la licitación de 2002.

El corazón de la historia está en que al Enapro se lo colocó como deudor de una importante suma que el sindicato Supa le reclamaba al ex concesionario Ictsi por una supuesta diferencia en el monto de las indemnizaciones. Los filipinos pagaron $2.000 M a 204 estibadores, pero había 163 trabajadores que seguían reclamando  un resarcimiento. El problema es que nunca existió una contraprestación real ni de bienes ni de servicios de los reclamantes al Enapro que pudiera dar lugar a una deuda. En síntesis, la deuda reclamada podía ser legítima contra Ictsi pero es artificialmente creada al Enapro. “Lo increíble es que en el Contrato de Permiso de Uso Oneroso e Irrevocable de 21 de marzo de 2003 rubricado por María Herminia Grande en su cláusula primera así se lo reconoce al aclarar que los estibadores nunca fueron trabajadores en relación de dependencia  del Enapro ni tampoco contratado como obreros eventuales por el mismo”. En ese acuerdo no se acompaña ningún documento que avale el reclamo por las indemnizaciones ni se identifica a las personas que los promueven y los montos individuales.

En ese contrato se especifica que “para dar finiquitados los reclamos en fecha 20/12/2002 el Enapro solicita a TPR que se hiciera cargo de las diferencias de indemnizaciones que ascendieron a $2.017.375”. Allí  no se aclaran cuáles fueron las instancias judiciales y extra judiciales que llevaron al Enapro a aceptar el reclamo. Para peor, se designa a TPR como brazo ejecutor físico del pago. En otras palabras, el dinero nunca entró al Enapro y no hay constancia de cuánto se le pago ni a quién se le pago ni cómo le pagó esa cifra que convirtió en acreedor al Enapro. ¿Se pagó algo?

Para pagar esa deuda a TPR en ese contrato se le cede un permiso de uso por 30 años de un predio de 3.8 hectáreas sobre Avenida Belgrano en la zona del cruce con 27 de febrero, que además pueden cedérselo a terceros. ¿En base a qué se eligió esa zona?. Pero el problema es que Vías Navegables de la Nación objetó la mesura del Puerto e inició acciones judiciales porque le cedieron 1.4 hectáreas que no le pertenecían. Fue así que en 2004, ya bajo gestión de Juan Venesia, compensan esas 1.4 hectáreas otorgándole 6 en la zona sur del puerto, un predio abandonado. Venesia llevó a TPR a negociar con Sabb para levantar allí un astillero que haga productivo esa zona abandonada, pero desde que esa empresa se fundió quedó todo desactivado.

Tras ese fracaso, uno de los financistas ocultos que tenía en aquel momento  TPR era el accionista y director de La Capital, Orlando Vignatti, necesito o quiso desprenderse del terreno y en pago de servicios y honorarios profesionales adeudados le cedieron los derechos de uso a abogados que trabajan para el Multimedios La Capital.  Fue allí que Leandro Salvatierra (estudio Casanovas) y Sergio de De Dossi formaron un SA que recibió los derechos, que ahora se los están por vender a los nuevos dueños de TPR.