¿Otra Gran Estafa? Acusan a empresario de la zona por quedarse con mil hectáreas de campo

Un empresario automotriz de la vecina localidad de Victoria fue imputado recientemente por la Justicia, acusado de estafar a una ciudadana de Nogoyá por un monto cercano a los u$s 7 M. Se lo acusa de administrar fraudulentamente el patrimonio de la víctima, que al momento de iniciar la relación incluían 1.432 hectáreas pero que hoy se redujeron a 454.

La Gran Estafa entrerriana saltó a la luz pública casi tres meses después que la Justicia santafesina imputara y luego procesara a una decena de empresarios de Rosario por siete casos de supuesta estafa con operaciones inmobiliarias.

El caso entrerriana se remonta al 2003, cuando María Magdalena Primo le confió la administración de sus propiedades a Juan Carlos Manassero, titular de una concesionaria que lleva su apellido. En 2004 se produce el divorcio de la pareja y Primo pretende retomar la tutela de sus inmuebles, comenzando una historia de enredos que devino en una denuncia presentada en marzo de 2016.

Según expresó Carlos Ochoteco, abogado de la víctima, Manassero comenzó en 2004 una etapa en la que era difícil comunicarse con él. El empresario "le manifestó que ella sabía que hubo que vender algunos lotes porque las actividades agropecuarias no andaban bien", pero existía una "falta de transmisión de datos concretos sobre los bienes". Uno de los eventos que el empresario no había comunicado era que quien se hacía de los bienes transferidos era el propio Manassero, lo que se concretaba a través de distintas operaciones.

Siempre según la denuncia, Manassero se trasladaba a Nogoyá para transmitirle verbalmente las acciones desarrolladas, al tiempo que le hacía firmar distintos documentos que hacían –presuntamente- a su tarea de administrador. De hecho, Primo no conoce hasta el momento fehacientemente cuál es el alcance de su patrimonio, puesto que cuando cedió la administración a Manassero, el ex marido le traspasó toda la documentación correspondiente a la administración patrimonial.

Lo que sí sabe Primo, que inició una tarea investigativa en 2016 a raíz de algunas sospechas, es que su patrimonio se había reducido a tan solo 454 hectáreas, es decir casi 1.000 hectáreas menos que en 2003.

El fiscal a cargo del caso, Federico Uriburu, habló este lunes y manifestó que "este tipo de causas son complejas porque se miran del lado del imputado o del lado de la denunciante y transcurrieron 12 años de administración, hasta el punto que Manassero se hacía cargo de las tarjetas de créditos, donde manejaba todo tipo de responsabilidad en la administración”.

Ambas partes apuntan a comprobar desde lo contable qué pasó con el dinero. “Luego de lo cual se verá si la denuncia tiene entidad y llegar a un juicio, y cuál es la figura en la que se encuadra, puede ser estafa, e incluso asociación Ilícita”, afirmó el fiscal.