Una de cada cinco inmobiliarias rosarinas es ilegal

El Colegio de Corredores de la Provincia de Santa Fe advierte a los santafesinos que más de cien inmobiliarias ilegales operan en la ciudad de Rosario. El número, que asciende a más de doscientos en el sur de la provincia, representa una de cada cinco inmobiliarias.

El Colegio apunta a la responsabilidad social para evitar abusos, defraudaciones y faltas de ética profesional, que lastiman sobre todo a personas humildes que ni siquiera pueden denunciar al Tribunal de Ética, dado que se trata de inhabilitados para ejercer la profesión.

La legalidad de una inmobiliaria puede verificarse mediante la constatación de matrícula y habilitación del Corredor Inmobiliario responsable en la página del Colegio (www.COCIR.org.ar).

En la etapa fundacional del Colegio hubo matrículas otorgadas que luego fueron inhabilitadas o suspendidas, por lo que el número de matriculación no es suficiente si no se cuenta con la habilitación actual. Recientes allanamientos se trataron de casos de este tipo.

Según infomó, el Colegio está efectuando paulatinamente las denuncias penales correspondientes, pero además intenta evitar que durante la tramitación de las causas se produzcan nuevos hechos lesivos a la ciudadanía.

“Si bien las principales ciudades de la provincia dictaron ordenanzas de reempadronamiento de inmobiliarias, a los efectos de verificar titularidad de un profesional matriculado a cargo, en la práctica no fueron clausuradas las ilegales”, comunicaron.

La Ley Provincial 13.154, que profesionalizó el corretaje inmobiliario y creó el Colegio, ya ha sido ratificada por los tres poderes de la provincia en pertinentes actos de gobierno, entre ellas la judicial de la Suprema Corte que ratificó su constitucionalidad. Pero además, fue consolidada por más de 1.300 Corredores Inmobiliarios matriculados que se desempeñan en casi mil inmobiliarias del sur de la provincia.

La ley también exige título universitario para ejercer el Corretaje Inmobiliario, y somete a esos profesionales a un juramento y control de un Tribunal de Ética que en el sur de la provincia tiene dos salas. El Tribunal ha recibido en cuatro años más de cincuenta denuncias, y dictaminado más de treinta condenas, la mayoría firmes y algunas apeladas a la Cámara Penal.