Imprenteros se movilizan en defensa de los comprobantes impresos

Se realiza este viernes en Rosario un encuentro de directivos de la Unión Gráfica Argentina Regional (Ugar), para evaluar la realidad del sector, marcado por una fuerte caída de los niveles de producción a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil.  

Los imprenteros arriban a la cita con el espaldarazo de la promulgación de la ley 27.250, que obligan a las empresas prestadores de servicio a imprimir en papel las facturas, a menos que el usuario elija recibirlas en formato digital. 

"Queremos destacar el valor de la ley 27.250, ante los problemas que causan las facturas que llegan vencidas e igual son exigidas, o el abuso de las entidades que adhieren compulsivamente a los resúmenes electrónicos. La ley 27.250 establece que todo usuario tiene derecho de recibir esta información de forma gratuita y en soporte físico en su domicilio", remarcó Pedro Borsellino, presidente de la regional Litoral Sur.

Frente al argumento de que esa entrega digital podría reducir el uso de papel y tinta, desde la Ugar enfatizaron: "Eso es falso, ya que lo que se logra es que sea el consumidor el que debe imprimir en su casa el comprobante. El gasto de papel es el mismo, pero lo que agrava el tema es que las tintas y toners rellenados que se usan domiciliariamente no cumplen con las normas ecológicas que sí respetan las imprentas. Así que el envío digital, tiene un mayor impacto sobre el medio ambiente".

De acuerdo a la flamante legislación, las empresas de servicios están obligadas a enviar en forma gratuita a sus clientes a través de soporte físico las informaciones sobre prestaciones, consumos y resúmenes a pagar, con el objetivo de proteger a los consumidores y sostener empleos vinculados con la industria gráfica, papelera y correos involucrados.

La obligación alcanza a todas las empresas de servicios, impuestos, telefonía, bancos, tarjetas de crédito, seguros, hasta clubes sociales. Sólo podrán dejar de enviar la información por correo postal a los clientes que manifiesten expresamente la voluntad de acceder a la información únicamente de manera digital.

En la reforma del Código Civil, que entró en vigencia en agosto del año pasado, en el artículo 1.403, se indicaba la obligación de los proveedores de servicios de colocar en internet toda la información disponible para el consumidor.

Pero este año se aprobó la ley 27.250, promulgada el 8 de junio, que "restituye capacidad soberana al consumidor, al ser ahora los únicos que deciden como recibir la información de sus proveedores".

Según enfatizó Juan Carlos Sacco, titular de la federación de la Industria Gráfica, “si se eliminara el envío postal de estos servicios se destruirían 32.940 empleos de las industrias gráfica (41%) y papelera (31,5%) y de servicios de correo (27,5%), con una pérdida global de u$s 140 M y el Estado dejaría de percibir en impuestos y tarifas u$ 579 M.