Autopista a Santa Fe: no quitarán concesión, pero renegociarán contrato

Cuando la escalada en el tono de las declaraciones públicas, la falta de avances en las conversaciones privadas y la politización del tema parecía pronosticar el inminente quite de la concesión, se abrió ayer finalmente una instancia de renegociación del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe.

En efecto, en una reunión que mantuvieron muy temprano en Rosario el ministro de Infraestructura, José León Garibay, y los accionistas de ARSA se definió que los empresarios acerquen una propuesta de renegociación del contrato.

En líneas generales, la fórmula en la que se trabaja es que la empresa se quedará a cargo de la administración y el mantenimiento de la autopista (bacheo, corte de césped, señalización, alambrado), mientras que el gobierno encarará las licitaciones para las obras estructurales, como la repavimentación de los 300 kilómetros de conexión.

“Hay que admitir que el formato previsto originalmente no funcionó y que el tipo de contrato inicial no pudo ser cumplido por distintas razones y responsabilidades compartidas y que por eso hay que renegociar”, le dijo Garibay a punto biz.

“Estamos abiertos a todas las propuestas y vamos a estudiar todo, pero claramente la intención no es romper si hay buena voluntad. Pero algo hay que hacer rápido para mejorar la infraestructura de la autopista”, insistió. 

El incumplimiento en los plazos de la repavimentación de la conexión vial llevó al tema a los medios de comunicación y ante las críticas de la oposición el gobierno provincial respondió con dureza pegándole a la concesionaria.

Pero la génesis de los retrasos hay que buscarla ya en el inicio de la concesión. Es que el gobierno provincial nunca cumplió el acuerdo de actualización tarifaria que indicaba la concreción de dos aumentos al año. Es más, ya en el primer año de la concesión (2011) el gobierno lo incumplió.

Esa falta de previsibilidad bloqueó el acceso a un crédito bancario cercano a los $200 M que la empresa gestionaba para repavimentar la autopista. Pero además el retraso tarifario hizo que casi la totalidad de lo recaudado en el peaje se lo consuma el costo laboral quedando una exigua cifra para obras de mantenimiento. No en vano la empresa para afrontar sus compromisos tuvo que ser capitalizada varias veces y hoy exhiba hoy en sus balances un rojo cercano a los $150 M. No en vano se retiraron de la empresa Pecam, Milicic y Obring, quedando Laromet, Rovial y la porteña Vial Agro.

“El argumento del incumplimiento en el esquema de actualización tarifaria que pone la empresa es razonable y lo admitimos desde un primer momento”,  le dijo ayer a punto biz Garibay. “Como también observamos que hubo incumplimientos por parte del concesionario, y también hubo problemas de fondo que complicaron y retrasaron todo y de los que no tuvimos que ver nada nosotros ni la concesionaria como fue el estado estructural en que nos encontramos con la autopista, que era mucho peor al previsto y que demandaba inversiones mayores a las calculadas”, agregó el ministro.

El gobierno provincial de Antonio Bonfatti tampoco licitó al ritmo previsto todas las obras de fondo (tercer carril, puente sobre el Colastiné, etc); contratos que tenían que ir para ARSA que de esa forma obtenía ingresos que hacían redituable el negocio a la empresa y le generaba caja para afrontar otras inversiones, ya que lo recaudado por el peaje alcanzaba para cubrir costos laborales y tareas menores.