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Actualidad

Fuente: Idesa

Informe de Idesa

La inflación implícita en el presupuesto es del 27% anual

Por Redacción

Mientras que en la campaña electoral se evita abordar definiciones con relación al desorden fiscal, el gobierno propuso en el proyecto de Presupuesto 2016 un importante ajuste en el gasto público. Explícitamente contempla recortar subsidios económicos y obra pública. Pero los desequilibrios son tan grandes que, de manera solapada, también propone ajustes sobre prestaciones sociales y salarios públicos al contemplar aumentos nominales en estos ítems inferiores a la inflación real.

 

El proyecto de Presupuesto Nacional elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso pronto será aprobado. Como sucede desde hace una década, a pesar de estar formulado sobre premisas falsas de crecimiento económico e inflación, obtendrá su aprobación de manera automática y acrítica por parte de diputados y senadores oficialistas. Se persevera en la degradación de una de las instituciones más importantes de la República. En sociedades modernas, el Presupuesto es el instrumento central de rendición de cuentas a los ciudadanos por el uso de los recursos públicos y la planificación de las acciones futuras.

 

Sus inconsistencias no impiden que las autoridades económicas reconozcan que la situación fiscal es insostenible. Prueba de ello es que para el año 2015 proyectan un déficit fiscal de $138 mil millones que se postula reducir en el año 2016 a $94 mil millones.

 

Para lograr la reducción, el oficialismo propone aplicar los siguientes ajustes:

 

- La recaudación impositiva y de cargas sociales se estima subirá un 25%.

 

- El gasto en jubilaciones subirá 25%, las asignaciones familiares el 20%, los salarios públicos el 19% y la obra pública sólo un 11%.

 

- Los subsidios económicos a la energía, transporte y empresas públicas disminuirán en términos nominales un -2%.

 

Estos datos muestran que el oficialismo está proponiendo que el próximo gobierno aplique el ajuste fiscal cuya necesidad negó sistemáticamente en los últimos años. Salvo las jubilaciones, que legalmente están protegidas por la ley de movilidad, en el resto de los gastos sociales se prevén aumentos por debajo del incremento de la recaudación. Particularmente visible es el reducido aumento nominal en el presupuesto asignado a obra pública y la reducción en valores nominales de los subsidios económicos.

 

Descargate el informe completo de Idesa.

 

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