Actuaron intereses personales en el freno a un edificio

La suspensión del permiso otorgado a la constructora Lewis Gibbons para construir un edificio de ocho pisos en el predio de Pasaje Saguier 371 de Rosario esconde una trama de juegos de influencia y tomas de decisiones que tiene como actores a altos funcionarios del gobierno municipal.

Previa a la compra del predio, la constructora había obtenido el visado, la moneda corriente para edificar en lotes afectados por el nuevo código urbano con permiso previo. Así fue que se ejecutaron y se siguen ejecutando edificios de altura en el macrocentro tras la entrada en vigencia del nuevo código, y en esa condición están otros 200 proyectos pendientes, que ahora pasaron a estar en riesgo.

Constructores y gremios profesionales se pusieron en alerta por el nuevo status quo, pero desde el gobierno municipal llegaron mensajes tranquilizadores: la restricción sólo se aplicará en forma selectiva. Hasta ahora solo se vieron afectados el proyecto de calle Saguier y otros 20 proyectos ubicados en zonas más alejadas del codiciado macrocentro,

¿Cuál es esa selectividad? Según denuncia Bartolomé Lewis, titular de la constructora Lewis Gibbons, en su pedido de reconsideración ante el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, para frenar la construcción intervinieron varios funcionarios municipales, pero por intereses personales. Le apuntó en particular a Cecilia Martinez, ex directora de Obras Particulares y actualmente al frente del Programa Equilibrios Centro - Perisferia de la Secretaría de Planeamiento, quien vive justo enfrente de la obra en cuestión, y a Alfredo Manavella, el director de Hidráulica que vive a la vuelta.

La embestida contra la edificación se dio a través de firmas de vecinos que, según Lewis, no fueron adecuadamente corroboradas. Aunque Martínez no rubricó la presentación, fue su principal artífice, según lo aseguró Lewis y lo corroboraron otros vecinos a punto biz.   

Fruto de esa embestidas el expediente de la obra tuvo varias idas y venidas: primero fue suspendido pero luego rehabilitado; y hubo un segundo permiso otorgado que fue revocado por Asegurado, quien a través de la resolución N° 100 estableció un nuevo mecanismo para resolver en estos casos, dejando la potestad en manos de la Secretaría de Planeamiento y Asuntos Jurídicos.

En estas idas y vueltas apareció también Martínez, presionando al exdirector de Obras Particulares, el arquitecto Corte, quien primero hizo caducar y luego rehabilitó el permiso. Corte finalmente terminó renunciando a su cargo.

La controversia dentro del municipio involucra también a Marcela Gibbons, socia de Lewis Gibbons y al mismo tiempo inspectora de Obras Particulares, a quién se le inició un sumario administrativo por sus actuaciones en el caso. Según Luis Carello, el abogado que defiende a la constructora, el sumario forma parte del juego de presiones e intimidaciones. Aunque el secretario Asegurado evitó contestar sucesivos llamados, punto biz pudo saber que a Gibbons se le achacan vicios en los procedimientos para que el edificio pudiera seguir adelante. 

Recorriendo lazos de parentesco,  se podría concluir que se trata de una gran pelea dentro de la gran familia socialista: Martínez está casada con Diego Leone, el subsecretario de Servicios Públicos de Mónica Fein; mientras que Bartolomé Lewis es hermano Juan Lewis, el ministro de Justicia de Antonio Bonfatti. De todos modos, no hay constancia alguna de que ambos hayan tomado parte en el conflictivo caso.