El proyecto del Ejecutivo fue aprobado por unanimidad, con algunas modificaciones. Los legisladores avalaron la suba del Inmobiliario Rural y Urbano, en todas las categorías y cambios en alícuotas de ingresos brutos para telefonía celular y entidades financieras. Sin embargo, no prosperó el Impuesto Verde para gravar a grandes empresas que contaminen. Ahora, debe tratarlo Diputados
El texto fue votado por unanimidad, en general, y en uno de sus artículos debió desempatar el vicegobernador Jorge Henn para bajar del 10 al 9 por ciento el descuento de ingresos Brutos (un tributo provincial) para quienes ya pagan el Derecho de Registro de Inspección (Drei, una tasa comunal y municipal).
El principal cambio que impuso el PJ es la postergación de la creación del llamado Impuesto Verde para gravar las actividades industriales y agropecuarias que resulten contaminantes. El peronismo advirtió que no se niega al debate, pero consideró que no debe formar parte del tratamiento de Presupuesto.
Por otra parte, el senador Ricardo Kauffman (PJ, departamento Garay) se abstuvo durante la votación en particular porque “se violenta la Constitución al tocarse impuestos o crearse gravámenes en la Ley de Presupuesto”.
El Senado protagonizó una extenuante jornada: la sesión había sido convocada para la hora 10 y recién se inició a las 16.30. Las negociaciones primero dentro del justicialismo, y luego de ese bloque con el oficialismo, consumieron casi todo el día.
El proyecto del Ejecutivo prevé la suba de los mínimos: de 45 pesos a 120 pesos anuales en el caso del urbano y de 144 a 250 pesos anuales para el rural. Además, un aumento del 25 por ciento promedio para todas las categorías.
El texto que obtuvo media sanción prevé un total de recursos por 53.892 millones de pesos y el gastos a 53.609 millones de pesos, lo que da un superávit financiero de 282.459.000 pesos. Asimismo se estima un crecimiento de 4,4 por ciento.
En cuanto a herramientas para financiamiento se solicita la autorización para emitir Letras por un plazo no mayor a 365 días y la autorización para concretar operaciones de Crédito Público por hasta 1.500 millones de pesos para proyectos de inversión pública en obras de infraestructura básica (de saneamiento, viales y acueductos).
